Renta de Garantía de Ingresos

Ya se empieza a notar el control sobre esta ayuda a desempleados, resulta que de las 56.000 personas que la perciben en el conjunto de los 3 territorios vascos 2.000 están en situación “irregular” al ser devueltas a Lanbide la carta que les envió para notificarles la nueva política que vincula la recepción de esta ayuda a la búsqueda activa de empleo (que ya era hora por cierto). 

Desde el gobierno vasco y desde Lanbide apuntan que el número de casos podría ser próximo a 4.000 y que entrevistarán a todas y cada una de esas personas para tratar de esclarecer su situación y regularizarla.

Dicho esto, es cuando llega mi indignación, ¿a que están jugando los que nos gobiernan? Resulta que envían las cartas, el cartero (funcionario al que le han congelado el sueldo) no encuentra a nadie en el domicilio y procede a dejar una notificación para que lo recojan en correos en el plazo de 7 días. Pasan los 7 días y le devuelven la carta a Lanbide. Esto ha sucedido en más de 2.000 casos y claro los responsables de entregar esas ayudas dicen:

Pobrecitos seguro que no estaban en casa por un caso de fuerza mayor. Claro durante 7 días seguidos en más de 2.000 casos y cuando la percepción de esta ayuda les vincula a estar disponible para incorporarse de inmediato a un puesto de trabajo o a un curso de formación para el empleo.

Aquí lo que hay es mucha manga ancha, resulta que dicha ayuda oscila entre 650 y 950€, estamos hablando que en el caso de 2.000 beneficiarios suponen como mínimo 1,3 millones de €uros mensuales (si tomamos la cifra menor) que salen de las arcas públicas, es decir que pagamos todos.

Habrá casos en los que esas personas podrán seguir justificando que cumplen los requisitos para recibir la ayuda pero mucho me temo que en la mayoría ni siquiera residan en Euskadi, lo cual me parece indignante que no se haya detectado por los ayuntamientos ni por las diputaciones que eran los que se encargaban hasta el año pasado de conceder estas ayudas.

Dicho sea de paso, esto deja en evidencia el servicio que dan las diputaciones, que aparte de duplicar funciones y mantener un gran número de empleos no necesarios, poco más hacen a parte de costarnos muy caro para nuestros bolsillos.

En definitiva, se han estado concediendo ayudas a diestro y siniestro sin ningún seguimiento aparentemente efectivo por parte de las administraciones competentes durante muchos años y ahora que se han detectado irregularidades en el 7% de las rentas de garantía e ingresos se va a proceder a concertar entrevistas con los beneficiarios irregulares.

Señores políticos, cojamos el toro por los cuernos y apliquemos mano dura porque hay muchos individuos que tienen máster para vivir de las ayudas que se conceden sin dar un palo al agua. El que tenga que recibir la prestación que la reciba y el que no pues que trabaje ¡coño!

¡¡ Qué ya nos estamos cansando de apretarnos en cinturón los mismos!!